José Antonio Montilla Martos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, impartió una ponencia en la que ofreció una visión general de la hipotética reforma, con especial referencia a los aspectos sociales. En su exposición, presentada por José Manuel Porras, presidente del CERMI Andalucía y vicepresidente de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, indicó que el debate de una reforma de la Constitución “no puede centrarse exclusivamente en la cuestión territorial del Estado, ya que hay otros contenidos que necesitan con más urgencia una actualización, como el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales”.

 

Montilla Martos aseguró que “es un error el que, en nuestro país, siempre que hemos querido modificar algo de las distintas constituciones, lo que hemos hecho ha sido cambiar directamente una por otra; nunca se han acometido reformas de calado”. Además, finalizó diciendo que “para reformar la Constitución no es necesario el consenso, porque el acuerdo para una posible reforma siempre debe ser el punto final, nunca el principio”.

 

A su juicio, deberían crearse “grupos de trabajo” para las distintas reformas que vayan a llevarse a cabo, y “la sociedad civil organizada y las autonomías deben impulsar estos cambios para facilitar el proceso”. 

Finalmente, aseveró que “un Estado no puede ser nunca democrático y de derecho si no es también social, porque, aunque están reconocidos en la Carta Magna, los derechos sociales no están garantizados”.

 

El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, dijo brevemente que “nuestro país ya llega tarde a este debate de reformar la Constitución (y por extensión sus aspectos sociales), porque las comunidades autónomas van un paso por delante, poniendo como ejemplo a Andalucía: una comunidad en la que tanto la Ley de Servicios Sociales como la de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad han venido para blindar las prestaciones y derechos en este sentido”.

 

Previamente, en la apertura del seminario, intervinieron el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez; el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, coincidiendo en que “se debe actualizar la Constitución para elevar a la categoría de fundamentales los derechos sociales; para que todas las personas gocen de los mismos derechos vivan donde vivan y favorecer la participación de la sociedad civil organizada”.

 

Manuel Sánchez expresó la “necesidad” de atender las necesidades y los derechos de todas las personas en general, pero en particular de los colectivos más vulnerables. “El Estado debe estar legitimado, a través de la Carta Magna, para desarrollar actuaciones que redunden de forma positiva en el ámbito de social, con objeto de lograr así un mayor equilibrio y cohesión social, en aras de una verdadera sociedad del bienestar”, apuntó.

 

Por otro lado, el secretario general de la plataforma del Tercer Sector y secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, y el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, ofrecieron una ponencia en la que se mostraron a favor de una reforma constitucional, “aunque para ello debe existir un consenso mínimo suficiente”.

 

Carlos Susías hizo especial hincapié en que “no contamos con instrumentos de ámbito estatal para corregir determinados desequilibrios de las personas en los territorios”.

Asimismo, reclamaron que, sin eliminar competencias autonómicas, se establezcan unas políticas en las que el Estado pueda actuar. “Tenemos que superar la etapa en la que el Estado está privado de herramientas para hacer determinadas políticas sociales”.

Pusieron de manifiesto la importancia de que “la Carta Magna reconozca el papel del Tercer Sector. La Constitución debe hacer un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa social que trabajan por el interés general. Los poderes públicos tienen que hacer una labor de reconocimiento del diálogo civil”.

En relación con las personas con discapacidad, el secretario general de la PTS instó a cambiar no solo la terminología, sino también a “pasar del modelo médico rehabilitador actual, que todavía se refleja en la Constitución”, a un enfoque de derechos humanos, en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

 

Pese a las diferencias existentes entre las distintas formaciones políticas, las diputadas Soledad Pérez (PSOE); Esperanza Gómez (Unidos Podemos); Marta Bosquet (Ciudadanos) y Elena Cortés (Izquierda Unida) se mostraban de acuerdo en la importancia del debate para que una posible reforma de la Constitución sirva para reforzar el Estado del Bienestar, mientras que Alicia Martínez (PP) manifestó que “aunque nuestra Constitución pueda ser susceptible de pequeñas mejoras, en el fondo y en la práctica los derechos fundamentales y sociales son los mismos”.

 

Por último, el presidente de la Plataforma Andaluza de Voluntariado, Armando Rotea, y el presidente de Caritás Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, fueron los encargados de concluir el seminario, recalcando la necesidad de blindar los derechos sociales como fundamentales en una futura reforma constitucional para lograr un verdadero Estado social y de derecho, y una igualdad “real y efectiva” de las personas con independencia de los territorios.